Uganda halla una respuesta a la gentrificación

Betty Nakiberu, una de las cooperativistas, frente a su vivienda durante la construcción. Betty Nakiberu, una de las cooperativistas, frente a su vivienda durante la construcción. FREDRIK LERNERYD WEEFFE

La expansión urbana en Uganda, a un ritmo anual del 5,2%, está expulsando a cientos de personas de sus casas. Colectivos de mujeres han creado cooperativas de viviendas para hacer frente a la gentrificación.

Hoy han levantado un cine, un cajero automático, una casa de cambio, una clínica dental, otra de atención primaria, una escuela de informática, varias oficinas, tiendas de ropa, un gran supermercado al que solo van expats y una farmacia. Hace sólo siete años muchos jóvenes ugandeses todavía se manchaban los pies de barro mientras cruzaban por esta parcela de camino a la universidad. Ahora hay una acera por la que avanzar sin dejar huella. Pero los zapatos de los estudiantes están más sucios: vienen caminando desde más lejos. Desde sitios donde no hay aceras.

En 1970, Kampala tenía 330.000 habitantes. En 2016, más de 1,7 millones. Y las predicciones apuntan a que esta cifra se doblará en los próximos 15 años. El país, con la segunda población más joven del mundo, apenas 15,9 años de media, vive una auténtica explosión urbana con un ritmo de crecimiento por encima del 5% anual: si en 1991 había 1,6 millones de personas residiendo en núcleos urbanos, en 2040 se estima que superarán los 21 millones.

El problema es que no hay espacio para todos. Los terrenos que hace dos décadas costaban 500.000 chelines (menos de 115 euros) hoy sobrepasan los 8 millones de chelines (1.838 euros) en un país donde más del 40% de la población gana menos de 1,90 dólares al día. “La vivienda se ha convertido en un commodity -producto básico, en terminología económica-. Hay mucha especulación, sobre todo en Kampala. Los precios han aumentado muchísimo y hoy comprarse una casa es demasiado caro para mucha gente, que no se lo puede permitir”, resume Dorothy Baziwe, coordinadora de la Shelter and Settlements Alternatives (SSA, por sus siglas en inglés), una red de organizaciones civiles que trabaja para hacer frente al problema de la vivienda en Uganda.

Kampala, la ciudad de las siete colinas, está viviendo su particular proceso de gentrificación, con la particularidad de que la propia urbe está concebida desde la estratificación social: Ernst May, el arquitecto alemán que diseñó el planeamiento urbano de la capital en la década de los 40, proyectó una ciudad en la que europeos e indios ocuparían cada uno de los núcleos instalados en la parte alta de las colinas, mientras los agricultores locales se encargarían de trabajar las amplias extensiones de tierra que rodearían esta ‘Ciudad Jardín’. May ideó una ciudad colonial perfecta, pero para 50.000 habitantes. Actualmente, Kampala supera los 1,7 millones de habitantes. Ya no hay colonos, pero sí una élite económica vinculada a aquellos días de dominación y a la familia presidencial. Además de una amplia presencia de trabajadores occidentales y una creciente clase media local.

La presión urbanística es desmesurada: se levantan edificios acristalados, en un guiño al dinero de los Emiratos Árabes, que acaban por derrumbarse. En 2016, un edificio de cuatro alturas a un lado del camino por el que los estudiantes avanzaban para acceder a la universidad de Makerere se desplomó causando al menos una decena de heridos y cuatro muertos. No es un hecho aislado, accidentes como éste se producen cada año. Faltan arquitectos titulados y sobra ambición inmobiliaria.

Según el plan nacional de desarrollo, vigente hasta 2020, el país necesita construir 200.000 viviendas al año. Teniendo en cuenta la tasa de fertilidad, la cifra se eleva a los 12,6 millones en un horizonte de 30 años. De ahí que barriadas como Kwate o Kisenyi, ubicadas en el centro de la capital, se hayan convertido en las piezas más codiciadas del tablero urbanístico: para poder llevar a cabo nuevos desarrollos residenciales o comerciales primero hay que expulsar a sus habitantes. Es aquí, en estos barrios en los cuales el 79% de la población no es propietaria de su vivienda, donde se producen la mayoría de los desahucios.

Una de las calles del centro de Kampala, donde las personas con menos recursos están siendo expulsadas de sus viviendas (Pablo L. Orosa)

La vida después de Kisenyi

Cuando Jackline Ayebare llegó a Kampala, hace trece años, pensaba en que no querría irse nunca. En la ciudad había trabajo y una vida menos sofocante que en la aldea del oeste del país de la que procedía. Además, en Kampala encontró el amor, o algo parecido, de lo que hoy queda el recuerdo en forma de 4 hijos. “Es difícil sacarlos a todos adelante. No siempre tengo dinero para darles de comer; y después está la escuela. Cada cuatrimestre me cuesta 140.000 chelines (algo más de 32 euros) para el pequeño y 240.000 (55,2 euros) por cada uno de los tres mayores”.

Jackline Ayebare ya no vive en Kampala. A ella también la expulsó esa inflación voraz que se ha apoderado del mercado inmobiliario. “Vivía en Kisenyi con mis hijos, pagábamos el alquiler con lo que ganaba limpiando, pero el casero me presionaba. Me hacía pagar una mensualidad cada vez más alta, que acabo siendo de más de 100.000 chelines (23 euros), hasta que no pude pagar más. Entonces me echó a la calle”. Un vecino les dejó pasar la noche en su casa. Jackline Ayebare apenas pudo dormir. Fue aquella madrugada de 2016 cuando por fin le perdió el miedo a esa pesadilla común que dominaba desde hacía tiempo las conversaciones del barrio: cómo será la vida después de Kisenyi.

Porque antes que Jackline Ayebare ya se habían ido muchos de Kisenyi. Casi todos. En otra de esas paradojas que describen al país, el Parlamento ugandés propuso en 2007 una nueva legislación para poner fin a la confusión de normas heredadas del periodo colonial y la nacionalización de la tierra impuesta por el régimen de Idi Amin. En vez de frenar los desahucios, para lo que había sido defendida públicamente, estos se multiplicaron: en solo dos años se produjeron casi 60.000 desalojos. Se calcula que en los suburbios de Bugolobi, Makindye y Kisenyi fueron expulsadas 14.000 familias en aquellos meses. En su lugar se levantaron oficinas, centros comerciales y edificios de viviendas para quien las pudiera pagar.

En la última década, el Gobierno del sempiterno Yoweri Museveni ha extremado su postura, desnudándola de la corladura del interés general. Su verdadera prioridad es conseguir una nueva normativa que agilice las expropiaciones necesarias para mantener su política de grandes infraestructuras, un modelo que se traduce en crecimientos macroeconómicos que rozan el 6%, pero que mantiene en situación de pobreza a 10 millones de personas -un 7% más que hace cinco años. Sin embargo, todos sus intentos han chocado con la Corte Suprema y las protestas ciudadanas: es anticonstitucional que el Gobierno tome posesión de un terreno mientras no se resuelva judicialmente la disputa.

Aunque este mismo año se vio obligado a retirar una nueva propuesta de ley, Museveni no ha dado marcha atrás. Simplemente ha dejado que la oligarquía afín a la familia presidencial ponga nombre a la colonización urbanística que llevaba años impulsando. La National Housing and Construction Corporation (NHCC por us siglas en inglés), la entidad encargada de garantizar una vivienda a trabajadores públicos y personas con bajos ingresos, fue privatizada en los años 90. El 49% de sus acciones fueron a parar entonces a manos del dictador libio Muamar el Gadafi. Actualmente, la NHCC funciona como una compañía privada que lleva a cabo los desarrollos urbanísticos autorizados por el Ejecutivo de Museveni que posteriormente son vendidos a empresarios afines que se encargan de comercializarlos entre la clase media ugandesa.

Un modelo endogámico que, tras comprobar que el descontento social también podría acabar con él, Museveni se ha comprometido a reformar. “Uno de los grandes problemas que tiene Uganda”, señala una de las activistas del SSA que prefiere no ser identificada, “es la inflación”. Los precios se han disparado porque los cronies -voz inglesa que alude a la red clientelar vinculada al poder- especulan con todo: con la tierra y con los materiales”. El coste de la vida ha subido tanto que se ha llevado por delante barrios enteros.

El retorno de las cooperativas

Tres de los beneficiarios de la cooperativa de Bujuuko, donde se han construido 24 viviendas FREDRIK LERNERYD WEEFFECT

Hoy aquel Kisenyi ya no está en Kampala. Está 20 kilómetros al oeste. Al final de una carretera embarrada que, cuando dejan de pasar los 4×4 y las boda-boda -las tradicionales motocicletas de la región-, se llena de niños que celebran cada chapoteo. A medida que iban siendo expulsados del barrio, los habitantes de Kisenyi fueron instalándose en la periferia de la capital. Algunos llegaron hasta Bujuuko.

“Aquí había tierra, un mercado, una iglesia y servicios de salud a los que se puede ir andando. Además, hay transporte directo a la ciudad. Esta zona va a crecer en el futuro, la elegimos porque es una oportunidad”, explican, tomándose la palabra mutuamente, dos de las 30 mujeres de Kisenyi que decidieron mudarse hasta esta pequeña localidad conurbana. Porque lo decidieron en conjunto. En fórmula cooperativa.

Históricamente, Uganda ha tenido una gran fortaleza cooperativa. Los agricultores compraban tierras comunales, las trabajaban y repartían cosechas y ganancias. El régimen tiránico de Idi Amin, que dejó tras de sí 300.000 cadáveres entre 1971 y 1979, vio en este modelo una amenaza y decidió perseguir cualquier iniciativa cooperativista.

Tras décadas de prohibición, los ugandeses han empezado a recuperar este sistema para solventar los problemas que iban surgiendo. Cooperativas de transporte, de turismo o agrícolas. A mediados de 2015 había más de 16.500 registradas en el país. Las mujeres de Kisenyi no hicieron más que continuar con este ejemplo. Ya antes, en su antiguo barrio, se ayudaban unas a otras. “Si a una le hacía falta algo”, explica Jackline, “otra de nosotras se lo dejaba o le prestaba dinero”. Había una treintena de mujeres involucradas. Algunas viudas. Otras estigmatizadas por el VIH. Siempre había alguien que necesitaba ayuda.

Así que cuando se sucedieron los desahucios, la respuesta cooperativa se empezó a reactivar. Con el asesoramiento de la SSA y la financiación de la ONG We Effect, las mujeres de Kisenyi adquirieron 2 acres de tierra en Bujuuko y levantaron 24 viviendas. “Son mucho mejores que las que teníamos allí”. Tienen agua corriente, electricidad y un tejado galvanizado por el que no se filtra el agua. “En la otra casa cada vez que llovía se mojaba todo por culpa de las goteras”, continúa Jackline. La tormenta, que cae a esta hora con tanta fuerza que casi acalla la conversación, ni siquiera corta la emisión de la televisión. Jackline no sonríe, pero está orgullosa.

“Lo que más me importa es que aquí no tengo la presión de que me van a echar. No vivo atemorizada pensando en que no tendré un techo para que mis hijos pasen la noche. Aquí podemos hablar las cosas”. No obstante, las dificultades económicas siguen siendo constantes: cada una de las mujeres paga una mensualidad de 70.000 chelines (16 euros) hasta devolver el préstamo de la ONG, la comida, los gastos y la escolarización de los niños. Una media de entre 200.000 y 300.000 chelines (45,9-68,8 euros)

-La prioridad es escolarizar a los niños y pagar las letras de la casa, insiste Jackline.

-Necesitamos un centro de secundaria más cerca, porque buena parte del gasto está en el desplazamiento de los niños, interviene otra de las madres, Betty Nakiberu.

-Y más medicinas en el centro médico.

Las mujeres de la cooperativa de viviendas de Bujuuko, en la entrada de su condominio. PABLO L. OROSA

A esta hora de la tarde, pese a la tormenta, hay catorce mujeres en el salón de Jackline. Jane, Betty, Teopista, Sarah, Magdalene, Hoyda, Ashinda, Sharon, Betty Nakiberu, Hamidda, Jenifer, Sarah Nakibuuka y Hawa. Otro grupo, más pequeño, está afuera esperando a que escampe para ir a vigilar la cosecha. En el terreno sobrante, donde esperan construir otras diez viviendas, cultivan patatas, maíz y otras hortalizas. También cosen, elaboran artesanías y producen ladrillos ecológicos que venden junto a una de las iglesias cristianas de Kampala. Con estos pequeños negocios salen adelante. Todas juntas.

-“Uno de mis hijos no puede ir a la escuela. Me siento tremendamente mal, pero no puedo pagar las tasas”, expone una de las mujeres en la asamblea improvisada.

Otra de ellas aparece con un café, mientras las demás escuchan sus explicaciones. Entre todas decidirán si le prestan el dinero. Jackline, la voz más vigorosa de la comunidad, no duda de que lo harán.

“La unidad es nuestra fuerza”. La que no les deja rendirse.

Reportaje publicado en Planeta Futuro

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