La violencia por la conservación de los bosques en Kenia

El Gobierno de Kenia, con la connivencia de la Unión Europea, trata de frenar la deforestación de las montañas Cherangani, pero sus proyectos chocan con las prácticas ancestrales de la comunidad sengwer. Hay ya más de 2.000 viviendas quemadas, al menos 5.000 personas expulsadas de sus casas y un centenar de heridos.

La última visita de los guardabosques del Kenya Forest Service (KFS), y van 12 en los últimos dos meses, fue la peor. No sólo porque volvieron a destrozar el pequeño chamizo que le protege de la noche húmeda, sino porque el fuego devoró su taza. La taza en la que Timothy toma té por la mañana y un trago de cerveza artesanal antes de acostarse, para despedirse de la tierra labrada, de la fruta recolectada, de la miel y de las ovejas. “La nuestra es una vida sencilla, pero es nuestra vida”. Pero no es vida sin una taza con la que brindar.

Al menos, concede mientras acaba de preparar una cola de oveja recién desollada pero bien tostada al fuego, “a nosotros no nos pasó nada”. Tampoco a Jimmy, el perro de la familia. Desde que el Gobierno retomó los desalojos forzosos en 2014 se ha producido ya más un centenar de heridos y al menos un activista sengwer asesinado. Justo días después de que la Unión Europea, uno de los principales donantes del proyecto para preservar las montañas Cherangani, exigiese el fin del hostigamiento a las comunidades indígenas. “Pero no se han detenido, a mí estuvieron a punto de matarme, tuve que huir monte abajo mientras me disparaban”, relata Elias Kimaiyo, uno de los jóvenes que lidera la resistencia comunitaria. Aunque ha tenido que exiliarse, se escabulle frecuentemente por la montaña majestuosa de Embobut para ver a su familia.

Ubicadas 400 kilómetros al noroeste de Nairobi, casi en la frontera con Uganda, la cordillera de las Cherangani es una de las reservas de flora y fauna más importantes del país. Por algo es parque nacional desde 1954. Pero sobre todo se trata de un ecosistema clave para el equilibrio hídrico del país: en estos bosques nacen las fuentes que abastecen el lago Victoria y la cuenca del Turkana, así como ríos y presas de las que depende el suministro eléctrico y la agricultura del noroeste.

En los últimos años, después de que la violencia electoral de 2007 provocara los primeros desalojos, la presión ambiental no ha dejado de aumentar. Se han multiplicado los asentamientos en las laderas y con ellos las cabañas de ganado y los recolectores de frutas. Pero la verdadera amenaza para el ecosistema de las Cherangani está en la deforestación. En la causada por los propios indígenas al recolectar frutas o preparar miel, pero también en las bandas organizadas, que nadie se atreve a identificar, que se adentran en el bosque para talar sus mejores ejemplares: basta con pasear por el monte Embobut para encontrar decenas de árboles talados. Secoyas, palos amarillos reales o cedros son cortados para obtener madera, mientras que arbustos y acacias lo son para conseguir charcoal, el combustible que calienta las cocinas menos pudientes del continente.

Casi 3/4 partes de las 22.000 hectáreas del monte Embobut, cuyo suelo almacena importantes cantidades de carbón, están catalogadas como altamente dañadas a causa de la deforestación: a medida que se van talando más árboles, y Kenia ha perdido el 9,3% de su cobertura forestal desde 2001, las emisiones de gases de efecto invernadero se disparan: hasta 34,4 toneladas métricas de emisiones causadas directamente por la deforestación.

En un intento por frenar las emisiones y cumplir con los acuerdos de París, Kenia puso en marcha un programa para la recuperación ambiental de los ecosistemas más degradados al que la Unión Europea aportó 31 millones de euros. Una de estas iniciativas, bautizada como WaTER programme, tenía al monte Embobut como eje.

Timothy, junto a sus hermanos en lo alto del monte Embobut

El fuego que consumió Marichar

Desde lo alto del cerro donde Timothy y sus cuatro hermanos han levantado su nuevo hogar, una habitación minúscula de paredes de barro y techo de plástico, un huerto sin cosecha y un búcaro con las reservas de cerveza, el eco de las conversaciones se apaga a medida que cae el sol. “Antes, aquí”, interviene uno de los hermanos de Timothy, el que estaba preparando las colas de oveja para cenar, “había una aldea”. Con su escuela de primaria, su iglesia y sus tiendas. Marichar Village. “Habría alrededor de 2.000 personas”.

Hoy sólo quedan 5 habitantes. Y una, Sharon, 23 años de los que ya pesan, ni siquiera puede permanecer por mucho tiempo. “Sólo viene de visita, aquí no es seguro”.

-“Hace unos días”, retoma ella palabra, interrumpiendo a su hermano, “un grupo de guardas del KFS me quiso agredir”. Agredir, aquí, significa abusar sexualmente. “Unos querían hacerlo, otros decían que no. ‘Hacer lo que queráis, pero no delante de nosotros. No queremos saber nada’, les decía uno. Al final nos dejaron ir”.

Aunque no hay estadísticas oficiales -según el Gobierno en el monte Embobut no hay pobladores aunque basta pasear por él para observar las fogatas de las comunidades de sengwer-, entidades como Amnistía Internacional tienen registrados más de 1.800 casas calcinadas, un centenar de heridos y un activista asesinado. “En realidad hay más de 200 personas detenidas, aunque muchas han pagado sobornos para librarse de la cárcel, y 2.000 casas quemadas. En total, más de 5.000 personas expulsadas”, afirma Elias Kimaiyo. Si sumamos las más de 500 familias desalojadas y 300 casas destruidas este mes de agosto en el vecino bosque de Lelan, la cifra de afectados se aproximaría a los 7.000.

“Las comunidades sengwer han sufrido repetidos desalojos forzosos a cargo del KFS. Sus guardias han incendiado regularmente sus hogares, alimentos, mantas, uniformes escolares y libros, dejando sin hogar a miles de personas en una región fría y húmeda como es esta”, denuncia uno de los portavoces de Forest People, Justin Kenrick.

Las autoridades del KFS se justifican: niegan que se sigan produciendo desalojos forzosos y aseguran que las personas que son perseguidas son furtivos que se cuelan en el bosque para practicar talas ilegales. “Y los desalojos pacíficos”, declaró uno de los responsables de la entidad, Rose Akombo, a la prensa local, “están justificados: hace algunos años, la población era menor y no construían casas, por lo que su impacto era mínimo, pero hoy en día las comunidades locales han evolucionado a una agricultura sedentaria y a la construcción de viviendas permanentes, lo que es ilegal en los parques nacionales por el impacto que genera en el bosque y que ya no es posible recuperar”.

Dos modelos distintos de entender la conservación

“Eso no es verdad. Si nos dejan, nosotros sabemos como cuidar el bosque. Lo hemos hecho durante generaciones. Yo mismo lo he hecho en mi casa”, asegura Elias, mostrando dos fotografías en las que se puede ver como ha crecido un pequeño bosque de bambú alrededor. “Podemos convencer a la gente para que no traiga a los animales a pastar aquí o poner verjas para que se regenere. Los expertos de la UE saben como hacerlo en la teoría, en los libros, pero nosotros tenemos el conocimiento ancestral”.

Lo que ocurre en las montañas Cherangani, como en el bosque Mau o en valle del Rift, donde el conflicto por la tierra entre los masái y los grandes latifundistas ha dejado ya más de medio centenar de víctimas, es un enfrentamiento entre dos formas de entender el mundo. Legalmente, apunta el director ejecutivo del Environmental Defender Law Center (EDLC), Lewis Gordon, estamos ante un “conflicto” entre el “derecho consuetudinario” de un “pueblo que ha habitado” en esas tierras “durante generaciones” y “los derechos legales emitidos por el Gobierno”. Aunque la propia Constitución, aprobada en 2010, reconoce “el derecho de las comunidades indígenas a vivir en sus tierras ancestrales”, insiste Kenrick, “los desalojos continúan a día de hoy”.

Hasta 2009, el Gobierno ofrecía compensaciones a algunas familias de hasta 3.500 euros para que abandonaran el bosque. Practicas oscuras, con engaños y corruptelas, que no fueron suficientes para convencerlos a todos. Por eso, desde 2014, el proceso se volvió violento. “El desalojo de los sengwer es ilegal y una vulneración de sus derechos. El pueblo sengwer nunca fue verdaderamente consultado y nunca se obtuvo su consentimiento informado y libre antes del desalojo. El desarrollo es vital para Kenia, pero no a expensas de un coste humano”, denunciaba en mayo el responsable local de Amnistía Internacional, Irungu Houghton, tras presentar un informe sobre la situación en las montañas Cherangani.

Por el momento, la presión de la comunidad sengwer ha logrado que la UE suspenda las ayudas al proyecto y que el Gobierno de Kenia abra una investigación. La histórica sentencia del Tribunal Africano de Derechos Humanos que condenó al Ejecutivo por la expulsión de la tribu Ogiek del monte Mau ha abierto la puerta a que la justicia reconozca la titularidad legal de esta tierra a las comunidades indígenas y éstas puedan exigir reparación por los daños causados.

Arriba, en la montaña húmeda, esto todavía queda demasiado lejos. “A nosotros nos han expulsado una docena de veces. Han quemado nuestras casas sin que nos pudiésemos defender. Pero aun así no vamos a aceptar que nos echen de nuestra tierra”, asegura Timothy. Cuando llegue el día, pedirá cuentas por el daño causado. Y por la taza quemada.

Reportaje publicado en Gara

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