Las guerras en el noreste del Congo provocan un éxodo de decenas de miles de refugiados

Picture: Mohammad-Ghannam (MSF)

En apenas una semana de febrero más de 22.000 refugiados congoleños cruzaron la frontera hacia Uganda. “Hemos visto en las últimas semanas una media de 3.000 personas huyendo de Ituri cada día”, declaró entonces uno de los portavoces de ACNUR, Babar Baloch. Hoy a Sebagoro, la pequeña villa pesquera al otro lado del lago Albert, ya no llegan por miles, pero siguen haciéndolo por cientos. “Hoy han sido más de un centenar”, contabiliza Ahab. Los que lo hacen llegan hambrientos y martirizados por lo que dejan atrás. Pero no sueñan con volver. “¿Volver al Congo? Allí siempre hay guerra. Guerra. Guerra. Guerra”. La última de ellas, la de Ituri, al noreste de la República Demócrata del Congo (RDC), ha dejado más de 60.000 refugiados en lo que va de año.

En el embarcadero de Segaboro no hay espacio para las palabras. Hay un silencio que nace del mar y que sólo lo rompe el llanto de un recién nacido. “Cuando llegan no quieren hablar. Se les nota en la forma en la que te miran: han visto demasiado”. Si acaso, continúa Ahab, un joven ugandés al frente del equipo de respuesta de ACNUR en la aldea, “preguntan por algún familiar que tienen en el pueblo”. Casi todos, como casi siempre, son mujeres y niños. Un 77,5 % según ACNUR. “Los hombres o han muerto o prefieren que crucen primero sus familias”, explica Ahab. 

Emmanuel, agricultor de 42 cuyo testimonio fue recogido por Médicos Sin Fronteras (MSF), cruzó por primera vez el lago a principios de febrero junto con su mujer y sus ocho hijos. “No quería vivir con miedo. En mi aldea -a los alrededores de Bunia, capital de la provincia de Ituri- la gente hace tiempo que duerme al aire libre, en las huertas, porque es más seguro: ¡no pueden prenderle fuego tan rápidamente!”. Tras unos días en el campo de refugiados de Kyangwali, cuya población se ha duplicado desde el inicio de la crisis en diciembre hasta alcanzar las más de 68.000 personas, Emmanuel decidió volver a Congo para conseguir algo de dinero con el que paliar el hambre. “Volví el 8 marzo, pero cuando me estaba acercando a la aldea vi un gran fuego a lo lejos. Mi aldea está cerca del lago. Cuando nos bajamos del barco vimos muchos cadáveres en el suelo. Los supervivientes contaban que la aldea había sido atacada por gente armada con machetes”. Emmamuel decidió volver en aquel mismo momento. Sin nada. Su propia huerta había sido reducida a cenizas. Dos días después estaba de vuelta en Kyangwali.

Los relatos entre los recién llegados tiene siempre un sustrato común. Casas incendiadas, mujeres agredidas sexualmente, cuerpos sin vida en las cunetas. El pasado mes de abril, la ONU desveló el descubrimiento de cinco fosas comunes con los restos de al menos 260 personas, entre ellas 91 mujeres. “Mi mujer y mi hijo”, relata Augusto, un joven de 20 años que llegó hace dos mes a Uganda, “murieron cuando los lendu atacaron la aldea. A mí persiguieron hasta la escuela. Ya no pude volver a casa, tuve que huir con lo que tenía encima”: un vieja camiseta de fútbol y el dinero justo, algo más de 17.000 francos congoleños (algo menos de 10 euros, para cruzar el lago. Los transportistas, en su mayoría pescadores locales, “hacen mucho dinero con nosotros”.

Lo cierto, es que la mayoría no alcanzan a comprender siquiera lo que los está matando. La de Ituri es un lucha tribal y un enfrentamiento por el control de los recursos, mas también una retahíla de afrentas históricas. Aunque las tensiones entre los agricultores lendu y las demás tribus de pastores del noreste del Congo, especialmente los hema, son anteriores a la llegada de los colonos europeos, fue el  tiránico régimen belga el que exacerbó los enfrentamientos expulsando a los lendu de sus tierras, ricas en oro y otras piedras preciosas, y privilegiando la posición de los mandos hema. A finales de los 90, cuando el país explotó en las bautizadas como guerras del Congo, la antigua provincia oriental se convirtió en un polvorín: entre 1996 y 2003 alrededor de 55.000 personas murieron en Ituri y más de medio millón tuvieron que abandonar sus casas. Las rencillas de aquellos días parecían atemperadas, pero el pasado diciembre, sin que estén demasiado claras las causas, la violencia volvió a estallar dejando más de 250 muertos y 300.000 desplazados internos, entre ellos 100.000 menores.

Detrás de este enfrentamiento tribal se esconde en realidad un conglomerado de intereses. Por un lado, los del presidente Joseph Kabila a quien la inestabilidad en la región le sirve como excusa para imponer el estado de emergencia con el que aplazar la elecciones, previstas para diciembre de este año, después de haber sido pospuestas ya en dos ocasiones. Por otro, el de los grupos armados, señores de la guerra y comerciantes sin escrúpulos, muchos apoyados por Ruanda, Uganda y las multinacionales occidentales, para hacerse con el control de un territorio con importantes reservas de oro, petróleo, diamantes y coltán. “Nuestra aldea la atacaron porque está cerca de unas minas de oro”, sentencia Augusto.

Uganda, saturada por las crisis humanitarias en la región

A través del puerto de Serabogo, han llegado a Uganda 61.000 refugiados congoleños desde diciembre. Una cifra que crece a diario y que añade más presión migratoria sobre un país que es ya el que más refugiados acoge de África y uno de los cinco que más en todo el mundo. En total, 1,3 millones de personas, procedentes principalmente de Sudán del Sur, Congo y Burundi. El pasado año, cuando la situación se desbordó por el flujo de exiliados por la guerra en Sudán del Sur que contamos en Público, el gobierno de Uganda y las autoridades internacionales hicieron un llamamiento urgente a la comunidad internacional para recaudar más fondos con los que cubrir las necesidades básicas en los campos del norte. Este año, la situación es si cabe más complicada: “Necesitamos 504 millones de dólares para atender a la gente que huye de una de las crisis más complejas, desafiantes y olvidadas del mundo en la República Democrática del Congo”, declaraba ACNUR el pasado 23 de marzo.

Campos como el de Kyangwali, abierto en la década de los 60 para atender a refugiados rwandeses, están desbordados. “El mayor problema en este momento es el agua”, señala la responsable de proyectos de MSF, Anne-Cécile Niard. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20 litros al día por persona sigue estando demasiado lejos: hay días en los que ni siquiera se alcanza la mitad. “El agua que tenemos no nos llega para cocinar, asearnos y beber. Además está muy lejos, hay que recorrer más de kilómetro y medio para abastecernos”, señala Sophie. Ella es una de las veteranas, llegó aquí hace casi tres lustros, huyendo de la segunda guerra del Congo. Ahora tiene 25 años y 3 hijos. “Recibimos cada uno tres kilos de maíz, tres de harina,  tres de alubias y una botella de aceite. Pero eso no llega para todo el mes. Tenemos hambre!”, asegura mientras calma su voz moviendo las manos de un lado a otro.

La situación, alerta una trabajadora humanitaria que prefiere no revelar su identidad, va a empeorar en los próximos meses: ante la falta de espacio, los recién llegados están siendo asentados en las tierras que los refugiados más antiguos utilizaban hasta ahora para cultivar. “Se supone que los que llevan más tiempo deben alimentarse con su propia cosecha y no recibir ayuda humanitaria para su alimentación, pero si no tienen donde hacerlo…en unos meses podemos enfrentarnos a un problema”. “Por ahora”, concede Sophie, “no hay ningún problema. Ellos también tienen derecho a recibir ayuda”.

En Uganda, a diferencia de otros muchos países, los refugiados tienen libertad de movimientos y derecho a trabajar, lo que genera un efecto llamada hacia un país donde casi un 20% de la población sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza. Las autoridades ugandesas han encontrado en la asistencia humanitaria un lucrativo negocio: el pasado mes de febrero, el comisionado para los refugiados, Apollo Kazungu, fue suspendido tras revelarse su implicación en una estafa para inflar el número de recién llegados al país y recibir así más fondos. La ONU ha puesto en marcha ya un sistema de verificación biométrica para comprobar la autenticidad de las cifras. Otros oficiales ugandeses han sido acusados de exigir sobornos a los refugiados para incluirlos en los programas de ayuda, así como de participar en redes de prostitución y tráfico de mujeres.

“Para mí, el problema aquí en Uganda es que no consigo trabajo. Sólo tengo lo que me da ACNUR”, asegura Augusto. Allí, al otro lado del lago, iba a la escuela y tenía un pequeño negocio transportando leche. Con eso era suficiente para mantener a su mujer y su hijo. ¿Volver a Congo? “No, mientras haya guerra a Congo no puedo volver”. “Allí siempre hay guerra. Guerra. Guerra. Guerra”, interviene Sophie. La veintena de personas, casi todas mujeres, apenas dos hombres, sentadas en los bancos que dan acceso al dispensario abierto por MSF en Mara Tatu, vuelven la vista a la conversación. Hay silencio. También algunos gestos de aprobación. “Si Congo alguna vez es libre me gustaría volver, pero ahora no podemos hacerlo, es demasiado peligroso”, sentencia el otro varón presente.

Ahora el enemigo es el hambre y el cólera. Endémico al otro lado de la frontera, el último brote importado por la propia avalancha de refugiados ha causado ya 44 muertos y más de 2.000 casos severos. “Con todas las medidas preventivas puestas en marcha, el número de casos ha ido disminuyendo”, afirmó recientemente la portavoz de ACNUR en Uganda, Aslam Khan. No obstante, el gobierno ugandés, apoyado por MSF y otras entidades internacionales, ha puesto en marcha una campaña de vacunación masiva con la que esperan inmunizar a más de 360.000 personas, entre ellos 70.000 refugiados. Después todavía quedará la malaria. Pero esa es otra guerra que les tocará vencer para seguir sobreviviendo.

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Los otros focos del conflicto en Congo

Desde 2016, los enfrentamientos en Congo se ha repetido por todo el país. En agosto de ese año, Kamwina Nsapu, líder de un clan del pueblo luba, encabezó una rebelión antigubernamental contra la policía y las fuerzas de seguridad en Kasai. Aunque Nsapu fue asesinado, la milicia armada que lucha en su nombre mantiene hasta hoy su desafío al Ejecutivo de Kabila. Los enfrentamientos han causado ya más de 5.000 muertos y 1,5 millones de desplazados.

Al noreste, no demasiado lejos de Ituri, en las dos provincias Kivu donde se concentran algunos de los principales yacimientos de diamantes y minerales del país el conflicto nunca ha llegado a detenerse. Algunos de los actores, como las milicias Mai Mai, se desmarcaron del acuerdo de paz, mientras que la revancha por el genocidio tutsi en Ruanda sigue siendo el principal combustible del conflicto. Desde 1994, cuando miles de hutus se refugiaron al otro lado de la frontera acogidos por el dictador Mobutu Sésé Seko y crearon las fuerzas hutus del Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), los enfrentamientos con las milicias tutsis apoyadas por el gobierno de Paul Kagame, primero a través del National Congress for the Defence of the People (CNDP) y después con su excisión, la guerrilla M23, han sido constantes. Actualmente, tras las sanciones internacionales que obligaron a Ruanda a cortar la financiación directa con sus milicias tutsis, éstas se han dividido en más de 70 grupos armados que se financian con la extracción de minerales. Sólo en la provincia del norte hay más de un millón de personas desplazadas a causa del conflicto.

Reportaje publicado en Público

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