Los avances en derechos LGTB+ en África del Este son todavía insuficientes

Aquel viernes de principios de marzo de 2014, Richard Lusimbo se encontró con una foto suya en el periódico. ‘Los 200 homosexuales más importantes de Uganda, al descubierto!’, decía el titular. Tuvo que borrar sus cuentas en las redes sociales y apagar el teléfono. Las amenazas de muerte no dejaban de llegar. Cuatro años antes, después de que otro medio revelase otra lista con nombres de activistas LGTBI, David Kato, uno de los principales iconos del movimiento en África fue asesinado en su vivienda de Kampala. Las autoridades lo atribuyeron a un robo, pero hasta la comunidad internacional censuró la agresión.

Los homenajes, aunque clandestinos, se sucedían. Dos años después de su muerte, colectivos LGTBI comenzaron a celebrar el Día del Orgullo. Eran actos minoritarios, apenas unos cientos de personas, nada que ver con los grandes eventos del ‘Pride’ en Londres, Nueva York o Madrid, pero suponían un síntoma de que algo estaba cambiando: la polémica ‘Ley Antihomosexual’ que castigaba con cadena perpetua -e incluso con penas de muerte en los casos más extremos- las relaciones entre personas del mismo sexo fue derogada por el Tribunal Constitucional ugandés; se pusieron en marcha festivales de cine como el Queer Kampala, que celebrará su tercera edición en diciembre, y clínicas especializadas en sexualidad LGTBI. En los barrios pudientes de Kampala los clubes nocturnos se organizaban fiestas temáticas sin levantar polémica.

Estas victorias, algunas ya consolidadas, se ha convertido paradójicamente en la principal amenaza para el movimiento LGTBI. “Cada vez tenemos más apoyo, pero al tiempo que tenemos más visibilidad experimentamos más ataques”, advierte Lusimbo. Concretamente 264 documentados en 19 meses, según el último informe de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la organización ugandesa más importante en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI.

Detenciones arbitrarias, agresiones, chantajes y hasta linchamientos públicos siguen produciéndose, pero es quizá la violencia soterrada de la discriminación lo que, en opinión de Lusimbo, “va minando a la persona”. Porque envuelve todas las facetas de su vida: su familia, la escuela, el trabajo. Hasta su derecho a tener una vivienda. De los 264 casos documentados por SMUG, más de 35 se corresponden con desalojos forzados por los arrendadores al no querer tener “personas homosexuales en sus propiedades”. “La dueña quería que me fuera ese mismo día, pero le supliqué me diera una semana porque no tenía a donde ir (…) Hace once días puso un candado y dejó mis cosas dentro. Al cabo de dos días, cuando volví, las había sacado afuera. Un vecino me avisó. Ahora toda la gente del barrio conoce mi sexualidad y no me quieren allí. Ahora duermo en un lugar diferente cada dos días”, relata Ivan, de 24 años, en uno de los testimonios recogidos por la ONG.

Amparada por la iglesia evangelista y el Gobierno de Yoweri Museveni en su diatriba para culpar al colectivo LGTBI de la propagación del VIH en el país -donde hay ya 1,4 millones de enfermos, el 6,5% de la población adulta, y 52.000 nuevos contagios al año-, la persecución a los homosexuales nace en la propia familia. “Aquí la gente vive en comunidad: si sales del armario lo tienes que hacer para toda la comunidad, para tus primos, para la iglesia…por eso muchos padres piden a sus hijos que no lo hagan público, porque no quieren ser señalados como malos padres ni perder el respeto de sus vecinos”, explica Lusimbo. Por eso, más que las amenazas e insultos a él lo que realmente le preocupaba al ver su cara en el periódico era la reacción que iba a tener su padre. Como iba a sobrellevar esa “vergüenza”.

Aunque la existencia de mujeres transexuales estaba normalizada en algunas tribus originarias y que el rey Kabaka Mwanga, que gobernó en la década de 1880, era probablemente bisexual, el estigma de la homosexualidad no ha dejado de extenderse con la llegada del nuevo siglo, alimentado por políticos y medios de comunicación que buscan medrar creando un enemigo al que responsabilizar de todos los males del país. Hace pocas semanas una joven de ocho años fue expulsada de una escuela pública porque se sospechaba que era lesbiana. “Tenemos otro caso”, continúa el activista, “de una persona que fue chantajeada económicamente a cambio de no revelar su identidad sexual puesto que esto lo podría suponer perder su trabajo”.

Acudir a un centro de salud, especialmente en las zonas rurales, está también vetado para el colectivo LGTBI. Los transexuales son expulsadas por su apariencia y los homosexuales tienen que mentir sobre su tendencia sexual para hacerse pruebas de VIH. “El proceso de discriminación continúa y pone a la gente en riesgo”, sentencia Lusimbo.

Violencia, el último estadio

Aunque la ley de 2014 fue anulada, el Parlamento debate desde entonces una nueva reforma, lo que no hace más que extremar las posturas de los lobbys homófobos cercanos al Ejecutivo de Museveni. Así, mientras, lo que se aplica de facto son leyes coloniales como la de la sodomía. “Hemos visto personas que han sido arrestadas y acusadas de ‘homosexualidad’, ¡pero eso no es un delito tipificado en ninguna ley! Estas leyes”, prosigue el activista de SMUG, “son utilizadas por la Policía y la comunidad para discriminar al colectivo”.

“La hostilidad del Gobierno y la persecución al movimiento LGTB y a sus líderes ha continuado a pesar de que ley fue declarada anticonstitucional”, interviene la responsable de Human Rights Watch en la región, Maria Burnett: “demonizando la homosexualidad y desinformando deliberadamente al público, fomentando el odio sobre una comunidad vulnerable como estrategia para desviar la atención pública sobre los problemas de gobernanza”.

Esta posición política, legitimada por la iglesia y las familias, se traduce en abusos policiales mayúsculos: allanamientos y arrestos basados en la condición sexual que quedan impunes. “Veinte minutos después de llegar a casa de mi amiga, la Policía entró, ‘¿Qué estáis haciendo aquí? Esto no es un bar ni un hotel, y es tarde. Nos golpearon, nos ataron con cuerdas y nos pasearon por la ciudad para que todos ‘supieran lo que habíamos hecho’. Después nos llevaron a prisión”, relata Daniel, de 22 años.

Los excesos, en forma de palizas y humillaciones, no se limitan a comisarías y cárceles. “Después de permanecer detenidos durante cinco días, al volver a casa le intentamos explicar a mis padres lo que había ocurrido, pero el me contestó que no iba a pagar mi educación porque era gay”, añade Emmanuel, quien fue detenido junto a Daniel y otro joven en Ntungamo, al oeste del país. A él, su familia lo repudió y poco después perdió su trabajo en el mercado: “La ciudad entera nos llama homosexuales”.

Los que tienen posibilidades, huyen. Richard Lusimbo lo hizo durante varias semanas, a Estados Unidos, después de aparecer en la lista del periódico. Decidió volver, para seguir ayudando a los que como Daniel o Emmanuel no tienen más alternativa que seguir luchando en solitario. “Tuve que cambiar de casa y tener cuidado para que no me identifiquen por la calle. Si me subo al transporte público o al bodaboda -las populares motocicletas de la región- y el conductor me reconoce…es un riesgo, me puede agredir”.

Tras el asesinato de Kato, la comunidad internacional puso el foco sobre lo que estaba ocurriendo en Uganda. Por un momento la situación parecía haber cambiado. Pero solo fue un espejismo.“Ahora parece que el colectivo LGTBI se ha vuelto invisible otra vez”, alertó recientemente Frank Mugisha, premio Robert F. Kennedy de derechos humanos y nominado al Nobel de la Paz, quien comparte despacho con Lusimbo, aunque pasa la mayor parte del tiempo fuera del país tratando de convencer al mundo de que no se olvide de ellos. Porque cuando no hay nadie mirando, la homofobia vuelve a golpear a Uganda.

******

Blogueros detenidos en Tanzania y películas vetadas en Kenia

A pesar de que el Consejo keniano de Clasificación de Películas (KFCB), el órgano que vigila que los contenidos cinematográficos se ajusten a los valores nacionales, la censuró el pasado abril por su temática homosexual “y su claro intento de promover el lesbianismo en Kenia”, ‘Rafiki’, adaptación de la novela “Jambula Tree” de la ugandesa Monica Arac de Nyeko, ha levantado una gran expectación. Tras su proyección en el festival de Cannes, su veto ha llegado hasta el presidente Uhuru Kenyata, quien aseguró que no se trata de “una cuestión de derechos humanos”, sino de un asunto cultural y que, según él, rechaza la sociedad keniana, donde las relaciones homosexuales son un delito punible con 14 años de prisión.

Por su parte, en Tanzania el escándalo sobrevino con el encarcelamiento de trece activistas el pasado octubre a los que acusaron de “promover la homosexualidad”. “Estas detenciones sin motivo son el último ejemplo de la caza de brujas continua e ilegal de las autoridades tanzanas contra la comunidad LGTBI del país”, denunció Amnistía Internacional para exigir su liberación.

Reportaje publicado en Jornada

Tags from the story
, ,