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La guerra en Sudán del Sur provoca una emergencia humanitaria en Uganda

Ni el sol ni el reloj marcan todavía las 9 de la mañana y la libreta en la que Tom anota sus nombres ya cuenta con 27. “Serán más de un centenar al final del día”. El recrudecimiento del conflicto en Sudán del Sur y la hambruna han expulsado del país a más de 1,6 millones de personas. Casi un millón han cruzado la frontera hacia Uganda. 284.000 desde enero. Aunque el Gobierno insiste en mantener su política de fronteras abiertas, la asistencia humanitaria apenas puede ofrecer agua y comida a los recién llegados.

“Estamos en un momento crítico. Uganda no puede afrontar la mayor crisis de refugiados en África sola”, alertaba en marzo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Desde entonces, el flujo migratorio no ha parado de aumentar: sólo en la primera quincena de junio llegaron más de 12.000 nuevos refugiados. En apenas unos meses, las tierras de BibiBidi, una dehesa arcillosa en la ruta que une Arua, la más importante de las ciudades del norte de Uganda, con Sudán del Sur, pasó de albergar las viviendas de adobe de algunos agricultores a convertirse en el segundo campo de refugiados más grande del mundo. Bajo las lonas de ACNUR incapaces de apaciguar un sol abrasador viven hoy 272.206 personas.

El conflicto en Sudán del Sur, el último país en adherirse a la ONU tras independizarse de Sudán en 2011, comenzó en diciembre de 2013 cuando el presidente de Salva Kiir, de etnia dinka, denunció un intento de golpe de estado urdido por su vicepresidente, el nuer Riek Machar. Fuerzas leales a uno y otro iniciaron una batalla fratricida que se cobró en unos meses más de 50.000 víctimas mortales. La presión internacional y la mediación de la Unión Africana se tradujo en una tregua sellada en agosto de 2015: menos de un año después, en julio de 2016, el Gobierno de coalición saltó por los aires y el conflicto entró en una deriva de violencia desmesurada que recuerda a lo ocurrido en Ruanda en 1994.

La propia ONU, a través de la comisión del Consejo de Derechos Humanos para Sudán del Sur, advirtió ya de que en el país está en curso un “proceso de limpieza étnica”. “Los dinkas están locos. No quieren que tengamos trabajo, lo quieren todo para ellos”, relata una mujer de media edad que hace algo más de un año decidió cruzar la frontera después de que prendieran fuego a su aldea. Varios de sus hermanos fallecieron aquel día. “Los dinkas masacran a la gente como a animales”.

Las denuncias de la oposición se suceden en las regiones del Alto Nilo y en el oeste de Bah al Gazal, aunque ha sido la localidad de Yei, ubicada 150 kilómetros al sur de Yuba y a poco más de 200 de la frontera con Uganda, donde se han certificado las mayores atrocidades: entre julio de 2016 y el pasado enero se produjeron, según la ONU, “bombardeos indiscriminados contra civiles, asesinatos dirigidos, saqueos, incendios premeditados de propiedades civiles y violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidas muchas que huían de esa violencia”.

Simon fue testigo de esas atrocidades que prefiere no recordar. “Lo que han visto, los horrores de ver morir gente, les causan traumas”, apunta Christine, una de las psicólogas del equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) que asiste a los refugiados a este lado de la frontera. Aunque pudo abandonar Yei junto a su madre, su mujer y una mini-cadena que no suena pero le apacigua la mente, Simon no pudo esquivar el otro lado de la guerra: el pillaje, los abusos, la rendición de la esperanza. “¿El Gobierno?¿Los rebeldes? No sé quienes eran, pero nos atacaron varias veces. ¡Nosotros sólo éramos civiles”, vocifera. Bajito.

Hace apenas unas horas que por fin, tras una semana de camino a pie, logró cruzar el río que separa los dominios rebeldes de Sudán del Sur del territorio ugandés. Allí, al otro lado de una cuesta tan empinada que encoge las sonrisas de alivio, le esperaba Tom y su libreta. También un retén del ejército de Uganda que vigila que las hostilidades no atraviesen el puente de madera que separa ambos países. Lo primero que hacemos, explica Tom, es mirarles las cicatrices de los brazos. “Así es como los diferenciamos”. Después, les toman los datos y un camión los traslada junto a sus pertenencias al centro de registro de Kuluba. Una vez ahí, los refugiados son enviados a los tres nuevos campamentos abiertos desde diciembre: Palorinya, Imvepi y Palabek Ogili. Bidi Bidi está ya demasiado saturado.

Mientras aguarda por el autobús que lo trasladará a Impevi, Simon no pierde de vista a su madre ni a su mujer. Tampoco a la mini-cadena. Después de tanto horror, al menos le queda un paraguas, un maletín y su estéreo. Suficiente para empezar una nueva vida.

El hambre mata más que las balas

De Yei, la gente huye por miedo, mas también por hambre. Más de tres años de conflicto, han dejado miles de hectáreas de tierra agrícola arrasadas, pérdidas enormes de ganado y herramientas de labor, así como falta de acceso al agua. La inflación, de hasta el 800%, hace que los que todavía no han abandonado el país, incluidos los casi dos millones de desplazados internos, tengan graves problemas para acceder a comida. “Dentro de Sudán del Sur, la situación de seguridad alimentaria y nutricional es precaria, la producción de alimentos y los mercados se han visto interrumpidos por el conflicto, reduciendo drásticamente la disponibilidad de alimentos”, señala una portavoz del Programa Mundial de Alimentos (WFP), Lydia Wamala.

Aunque la hambruna que había sido declarada el pasado febrero en los condados de Leer y Mayandit ha sido rebajada, la inseguridad alimentaria ha aumentado a su máximo nivel en el país, afectando ya a seis millones de personas: a día de hoy 55.000 personas están en riesgo inminente de morir de hambre si no se mantiene la ayuda humanitaria que reciben.

El problema, apunta una fuente humanitaria que prefiere no ser identificada, es que en ciertas zonas del país, especialmente en Malakal, en el Alto Nilo, el acceso es imposible a causa de los combates, lo que hace augurar una tragedia humanitaria en los próximos meses. Esta región concentra buena parte de los recursos de petróleo del país, lo que explica la crudeza de la batalla: más allá del conflicto étnico, la de Sudán del Sur es, como casi todas las guerras, una lucha por el control de los recursos naturales.

Tras dos años de investigación, la organización The Sentry, fundada por el actor George Clooney y el activista humanitario John Prendergast, acusó el pasado septiembre al presidente Kiir y al exvicepresidente Machar de “sacar provecho de la guerra y el propio conflicto armado”. Según la entidad, los líderes de Sudán del Sur se están enriqueciendo con la guerra gracias a un oscuro entramado en el que participan bancos, traficantes de armas, multinacionales del petróleo y de la minería.

El resultado de este entramado bélico es la vida de miles de personas, especialmente de los más pequeños: en el país hay más de un millón de menores con desnutrición. Para muchos, cruzar la frontera a tiempo es la única oportunidad. Al llegar a Uganda reciben una galleta fortificada y son sometidos a un examen: si su estado es grave, el Plumpy ‘Sup, un suplemento alimenticio especialmente diseñado para estos casos, es la única esperanza. “Habitualmente, si lo toman tres veces al día durante una semana se podrán bien”, afirma, con la mirada fija en la fila de niños que esperan para ser atendidos en el dispensario de Impevi, Dancan Owino, responsable del programa de Médicos Sin Fronteras (MSF). Sin embargo, no siempre llegan a tiempo: ninguno de los trabajadores del equipo es capaz de olvidar la imagen de un pequeña que llegó al centro hace unas semanas. “Pesaba poco más de un kilo”, recuerda Owino. Es la única vez que se le quiebra la sonrisa.

Apenas a unos kilómetros de allí, en el Rhino Camp, otro de los centros de acogida dispuestos por el Gobierno de Uganda, la prevalencia de la desnutrición entre los menores de 5 años alcanza ya el 14,2%, apenas a unas décimas de que la situación entre en lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaría de situación crítica.

El actual ritmo migratorio, con meses en los que más de 2.000 nuevos refugiados llegan a diario a Uganda, requiere un esfuerzo humanitario cifrado en 673 millones de dólares, pero los fondos actuales apenas cubren el 17%. Sólo el PMA, el cual ya se vio obligado el pasado año a reducir la ayuda alimentaria a 200.000 refugiados por problemas presupuestarios, necesita 116 millones de dólares hasta noviembre para asistir a los trece campos de refugiados ugandeses.

Si la comida no llega, la tensión se apodera de los cientos de refugiados que aguardan su ración bajo el calor ecuatorial. “Llevamos aquí varios días y no hay comida”, grita un joven que se hace llamar Obama. Como él, son muchos los que no pueden soportar la idea de haber huido de las balas para acabar muriendo de hambre. Pero lo cierto es que el hambre mata más que las balas.

Reportaje publicado en el diario Gara