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Los bosques de paz, antídoto contra los incendios en Guatemala

Cada temporada se repite la misma escena. El cielo se ennegrece y el humo se apodera del horizonte, mientras las llamas, voraces, le arrancan el verdor a la selva. Año tras año, el fuego va lacerando la Reserva Maya de la Biosfera. 7.794 focos, miles de hectáreas calcinadas, sólo durante la estación seca de 2017. Pero de ellos, apenas el 0,8% se registraron en las tierras comunales gestionadas por los pueblos indígenas cuyo modelo de prevención se ha revelado como la herramienta más eficaz para preservar la biodiversidad de uno de los últimos pulmones ambientales de América.

“Las concesiones comunitarias han convertido a las comunidades locales en aliados de la conservación, pues los derechos de las concesiones han unido el destino de las comunidades con el de los bosques”. Esta premisa, expuesta por Andrew Davis, autor del informe sobre incendios forestales en la reserva elaborado por la Asociación de Comunidades Forestales de Peten (ACOFOP), explica la paradoja interna de la Reserva Maya: las áreas protegidas, como la Laguna del Tigre o la Sierra del Lacandón, arden con más frecuencia que las zonas comunales.

Creada en febrero de 1990 como el complejo de áreas protegidas continuas más grande de Centroamérica, la Reserva Maya de la Biosfera abarca más de 2 millones de hectáreas de selva tropical que se extiende por México y Belice, albergando una de las mayores concentraciones de biodiversidad del mundo: éste es el hogar de jaguares, pumas, ocelotes, monos aulladores, tortugas de agua dulce y de la guacamaya roja, una especie en peligro de extinción. Además, existen más de 180 sitios arqueológicos representativos de la civilización maya prehispánica, entre ellos las ruinas de Tikal, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979, o El Mirador, una recóndita ciudad a la que sólo se puede llegar a pie o en mula pero que según recientes investigaciones fue la cuna del imperio maya.

Tras la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin en 1996 a tres décadas de conflicto armado interno, se pactó dividir la reserva en tres áreas: una zona núcleo, 844.000 hectáreas donde se encuentran cinco parques nacionales, cuatro biotopos y monumento cultural; una zona de usos múltiples (ZuM) destinada a la explotación sostenible de los recursos naturales; y una zona de amortiguamiento, conformada por una franja de terreno al sur de la reserva donde se permiten algunas actividades agrícolas.

Para la gestión de las 793.900 hectáreas que componen la ZuM se ideó un novedoso sistema de concesiones, dos de ellas para la explotación industrial y nueve para uso comunitario. Este modelo, bautizado como los “Bosques de Paz”, permitió a las comunidades locales manejar 398,300 hectáreas de bosque, alrededor del 18,9% del total de la Reserva, en las que implantaron un nuevo modelo de desarrollo: aunque en un principio apostaron por la explotación forestal de la caoba, pronto entendieron la necesidad de diversificar la producción forestal y de introducir otras actividades productivas no maderables. Hoy, las alrededor de 30.000 personas que participan de “la mayor extensión bajo concesión comunitaria del mundo”, explotan la madera mas también producen xate ornamental y gestionan pequeños negocios de turismo sostenible.

Más allá de los resultados económicos, el modelo de gestión comunitaria ha permitido también frenar la deforestación: si entre 1994 y 2015 ésta alcanzó el 21,8% en la zona núcleo y el 40,7% en la zona de amortiguamiento, apenas fue del 2,97% en el terreno comunitario. No obstante, ha sido su éxito en la lucha contra los incendios lo que ha suscitado la atención internacional: de los 7.794 incendios detectados entre enero y mayo de este año, “menos del 1% ocurrieron dentro de las concesiones comunitarias activas”, subraya Davis en una entrevista por email. Concretamente el 0,8%, 60 puntos de calor, pese a gestionar directamente el 16.6% del área total de la Reserva (otro 2,3% corresponde a concesiones inactivas). Por contra, la zona núcleo, el 40,2% de la extensión de la reserva, concentró el 53% de los fuegos.

El gobierno no ha podido controlar los incendios en grandes Parques Nacionales como Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, pues el modelo en estas áreas protegidas estrictas exige un altísimo nivel de organización, eficiencia y capacidad gubernamental, sustentado por recursos considerables de largo plazo. Las presiones de la agricultura, ganadería y palma africana sobre estas áreas han rebasado estas capacidades gubernamentales. El resultado”, continúa el investigador, “ha sido la expansión acelerada de los incendios y la deforestación, en un escenario local donde la normativa ambiental prácticamente existe solamente en papel”.

Por contra, los comuneros lograron frenar las llamas con una estrategia muy clara: la prevención. Con una inversión de 412.000 dólares, realizaron más de 1.000 misiones de patrullaje (algunas incluso en las zonas correspondientes a los parques naturales), se adecuaron 453 kilómetros de brechas cortafuegos y se establecieron más de 200 campamentos de vigilancia de los bosques comunitarios. “En estas áreas, las reglas ambientales se aplican diariamente y de forma consistente, pues son fundamentales para las vidas y medios de vida de las comunidades”, subraya Davis.

Múltiples amenazas: la palma, los narcoganaderos y el fin de las concesiones

Pese a que han pasado ya más de dos décadas desde el fin del conflicto armado, las comunidades indígenas siguen al margen del desarrollo. La desnutrición crónica ronda el 65%-70%, con picos de hasta el 90% en el departamento de Huehuetenango, y sus tierras se han convertido en objetivo prioritario para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, agroforesales y mineros de grandes empresas transnacionales, lo que se traduce en constantes enfrentamientos con las autoridades: desde el 2000 se han registrado oficialmente 4.485 agresiones a los defensores de la tierra, casi una diaria.

Entre los humedales de La Laguna del Tigre hay desde hace varias décadas una explotación petrolera y nuevas inversiones para la producción de agrocombustibles, como la palma africana y la caña de azúcar, están expandiéndose en los bosques de Petén. Aunque hasta la fecha, las concesiones comunales están blindadas, en los próximos años comenzarán a vencer sin que por el momento el gobierno de Guatemala se haya comprometido a renovarlas.

“La falta de prórroga de las concesiones comunitarias seria catastrófica para la Reserva de la Biosfera Maya. Hay amplio consenso científico de la efectividad ambiental de las concesiones comunitarias. Si el gobierno de Guatemala ignorara este consenso y no asegurara una prórroga, supondría el fin del control comunitario que ha protegido las concesiones por dos décadas. Sería muy probable el surgimiento de un fuerte vacío de gobernanza, y la perdida no solamente de bosques de enorme importancia para la biodiversidad y cambio climático, sino también para las riquezas arqueológicas en la reserva”, alerta Davis.

Nuevas amenazas, como la llegada del turismo de masas a la cuenca de El Mirador o la proliferación de los narcoganaderos –que deforestan la zona para establecer nuevas rutas de distribución de droga-, no hace más que alimentar el temor de los expertos a que sin la protección de las comunidades indígenas el futuro de la reserva se vuelva cada vez más oscuro.

Reportaje publicado en Planeta Futuro