Asia olvida la separación de poderes

A pesar del aperturismo democrático conquistado en los últimos años, el sudeste asiático sigue obviando la separación de poderes como principio fundacional. En países como Malasia, Camboya, Tailandia o Maldivas la justicia es un arma más para silenciar a la oposición. Cárcel o destierro son las penas preferidas por los gobiernos.

Tras más de tres décadas en el poder, Hun Sen, el excomandante jemer que lidera Camboya con mano de hierro desde 1985, pretende prolongar su mandato más allá de 2018. Poco importan las acusaciones de corrupción y nepotismo, el primer ministro camboyano está dispuesto a eternizarse en el poder y su primera medida para lograrlo ha sido perseguir judicialmente a la oposición.

Su histórico rival, Sam Rainsy, se mantiene en el exilio en Francia desde el pasado mes de noviembre después de que la Justicia emitiese una orden de arresto contra él por sus críticas a Hun Sen. En 2009, Rainsy, cofundador del Cambodia National Rescue Party (CNRP), ya tuvo que exiliarse tras haber sido condenado por incitar el odio racial y destruir propiedad pública durante una manifestación en la que acusó al Gobierno de ceder territorio nacional a Vietnam.

Con la vista puesta en las cruciales elecciones locales del próximo año y en los comicios generales de 2018, Hun Sen está decidido a descabezar a la oposición para evitar que la sociedad le vuelva definitivamente la espalda tras ver como en 2013 su mayoría se reducía de 90 a 68 escaños víctima de la “corrupción”, apunta el Sophal Ear, autor de Aid Dependence in Cambodia: How Foreign Assistance Undermines Democracy y uno de los pensadores más respetados del país. El número 2 del CNRP, Kem Sokha, es su próximo objetivo.

Destituido el pasado octubre de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, cargo al que accedió en 2014 para poner fin al al boicot de la oposición al Parlamento desde de las elecciones del año anterior, Sokha está siendo investigado por la Unidad Anticorrupción en un caso que la oposición atribuye a motivaciones políticas. Además, cinco defensores de derechos humanos han sido encarcelados acusados de haber sobornado a una mujer para que silenciase un escándalo sexual que involucraba a Sokha.

Actualmente hay en Camboya 29 presos políticos y este mismo mes el intelectual Kem Ley, crítico con el Gobierno, fue asesinado en la capital, una deriva autoritaria que ha suscitado las críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y que ha llevado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a expresar su preocupación por la creciente represión contra activistas, periodistas y opositores políticos.

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Con la amenaza del Estado Islámico (EI) como telón de fondo, el primer ministro de Malasia,  Najib Razak, ha marcado la baraja para eliminar a la oposición y frenar el creciente descontento social. Por primera vez en décadas, las camisas amarillas del movimiento Bersih, impulsado por el opositor Anwar Ibrahim y las minorías china e india, tomaron las calles del país en los últimos meses.

“Los chinos que acudan a Bersih, prepárense para un baño de sangre”. Consignas como ésta podían leerse el pasado mes de agosto en las calles del país. Una amenaza con la que Najib trata de amedrentar a sus críticos: las minorías étnicas y su principal adversario político, Anwar Ibrahim, quien permanece en prisión acusado por tercera vez de un delito de sodomía. “El Gobierno está acrecentando la tensión con el objetivo de mantenerla artificialmente alta, lo que usa para justificar la perpetuación de leyes tan estrictas como la Sedition Act -por la que está en prisión Anwar”, asegura Sophie Lemiere, politóloga del European University Institute y autora de  “Gangsters and Masters: Complicit Militancy in Malaysia”.

El crecimiento político de Anwar desde los años 90 le han convertido en el enemigo principal del Frente Nacional. Desde que dejara la alianza en 1998 por desavenencias con el entonces líder malasio Mahatir Mohamad, Anwar ha sido encarcelado en varias ocasiones. La primera en el año 2000 cuando fue acusado de acostarse con el conductor de su esposa y condenado a seis años de cárcel. Finalmente, en 2004 el Tribunal Supremo de Malasia revocó la sentencia y ordenó su inmediata puesta en libertad. Tras su éxito electoral en 2008, Anwar fue acusado por segunda vez de sodomía. El juicio se extendió hasta 2012, cuando el Tribunal Supremo lo suspendió por “falta de evidencias”.

En los comicios de 2013, su alianza política, Partido de Justicia Popular (PJP),  obtuvo los mejores resultados de la oposición hasta la fecha, con 89 escaños, por los 133 del Frente Nacional. Pese a todo, Anwar no aceptó los resultados y denunció un fraude electoral. Desde entonces, los miembros del PJP están siendo hostigados: más de un treintena de personas, incluida la hija del propio Anwar, Nurul Izzah, ha sido arrestadas. Amparado en la amenaza yihadista, el Gobierno ha aprobado una nueva Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en inglés) que permite a las autoridades detener sin juicio a sospechosos de manera indefinida -por periodos de dos años con renovaciones múltiples-, restringir sus movimientos durante cinco años, así como incautar pasaportes a nacionales y extranjeros. Además, ha modificado la ley de sedición autorizando el bloqueo de los medios digitales.

El encarcelamiento de Anwar el pasado año por un nuevo delito de sodomía lo mantendrá en prisión por cinco años, impidiéndole además ostentar un cargo público durante otros tantos años, lo que, en principio, le elimina de la carrera electoral. Una decisión que a buen seguro ha aliviado a Najib Razak.

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Mohamed Nasheed, el primer presidente de Maldivas elegido en las urnas, le tocó elegir entre la cárcel o el exilio. Un golpe de estado en febrero de 2012 le derrocó del poder en favor de Yameen Abdul Gayyom, hermanastro del dictador Maumun Abdul Gayum, quien sometió al pequeño archipiélago durante más de tres décadas. En unos polémicos comicios, Yameen superó a Nasheed por apenas 6.000 votos. Desde entonces, el actual presidente no ha detenido su persecución judicial hasta expulsarlo del país.

En febrero de 2015 fue detenido bajo cargos de terrorismo por el arresto durante su mandato de un juez. Tras un proceso cargado de irregularidades, en el que según la defensa los fiscales actuaron como testigos de la acusación y se impidió a Nasheed recibir representación legal, fue condenado a 13 años de prisión. Muchos de sus partidarios trataron de salir a las calles, pero el Ejecutivo de Yameen declaró un estado de emergencia que suspendía todos los derechos fundamentales amparándose en amenazas para la seguridad nacional tras una explosión en el barco presidencial que el Gobierno denunció como un atentado pero que el FBI descartó como tal. El vicepresidente del archipiélago, Ahmed Adeeb, fue condenado a 15 años prisión por estos hechos.

Enfermo, Nasheed pidió el pasado mes de enero ser trasladado desde prisión al Reino Unido para someterse a una operación quirúrgica. Allí recibió el estatuto de refugiado político. Mas a Yameen Abdul Gayyom poco le importa. Ya ha conseguido lo que buscaba: expulsar a su rival del futuro del país de las playas soñadas.

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En el país de la sonrisa son los militares los deciden quien puede sonreír. Desde el fin de la monarquía absoluta, en 1932, Tailandia ha vivido 19 intentos de golpe de estado, el último en 2006 contra el gobierno de Thaksin Shinawatra, un excoronel de la Policía y rico empresario que se ganó el apoyo de gran parte de la población rural y de la clase trabajadora con políticas populares y la implementación de la sanidad universal.

Tras ser depuesto por los militares, el Tribunal Constitucional lo inhabilitó junto a otro centenar de líderes de su partido y octubre de 2008, cuando ya se había exiliado, otro tribunal lo condenó en rebeldía a dos años de cárcel por un caso de corrupción. Su hermana Yingluck tomó el relevo al frente del clan familiar y se impuso en las elecciones de 2011, pero fue obligada a dimitir en mayo de 2014 tras ser declarada culpable de abuso de poder.

Las protestas tomaron el país y una semana más tarde el Ejército tomó el poder con la excusa de acabar con los enfrentamientos políticos y reformar el país para acabar con la corrupción. Lo cierto es que desde que los generales llegaron a la Casa del Gobierno, 1.340 activistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos han sido convocados por la junta militar “para hacerles preguntas y ajustar su actitud política”, denuncio recientemente Human Right Watch en un informe. Al tiempo, otras 59 personas han sido juzgados por casos de lesa majestad.

La junta militar ha prometido la celebración de elecciones después de que se apruebe una nueva Constitución redactada por un comité afín y que establece un periodo de cinco años durante los que el Ejército puede volver a hacerse con el mando político en caso de que el próximo Gobierno no garantice la seguridad nacional. Un subterfugio legal más para acallar a la oposición.