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Malasia acalla a la oposición en nombre del terrorismo

Malasia derogó hace apenas tres años la ley que permitía detenciones indefinidas sin juicio, cumpliendo así una de las promesas del primer ministro, Najib Razak. Recientemente el propio Razak ha vuelto a reintroducir esta medida jurídica con la aprobación de una draconiana legislación amparada en la lucha contra la amenaza yihadista. ¿Es ésta la verdadera motivación del Gobierno malayo? Expertos y líderes opositores ven en esta norma un paso más en la campaña del Estado para acallar a la disidencia.

Tras más de 12 horas de debate, el Parlamento malayo dio luz el verde el pasado abril, con 79 votos a favor y 60 en contra, a la nueva Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en inglés) con la que vuelven a permitirse las detenciones indefinidas sin juicio, abolidas en 2012 con la derogación de la antigua legislación de seguridad interna (ISA), heredada de la época colonial. El propio primer ministro, Najib Razak, fue entonces el impulsor de su revocación: había que terminar con una norma utilizada durante años para encarcelar sin garantías jurídicas a los críticos.

“Hay que tener en cuenta que las circunstancias cambian. De vez en cuando, es necesario revaluar las cosas”, aseguró Najib recientemente. Desde 2013, el escenario político en Malasia ha cambiado. Hoy, la oposición política encabezada por Anwar Ibrahim, actualmente encarcelado por un delito de sodomía, resulta tan amenazadora para el Frente Nacional, la coalición que dirige el país desde 1957, como el desafío yihadista.

El califato malayo, ¿casualidad?

La aprobación de la POTA se produjo horas después de que la policía malaya detuviese a 17 terroristas, dos de ellos recientemente regresados de Siria, acusados de planear una oleada de atentados en Kuala Lumpur y Putrajaya. Su intención, aseguró el inspector general de la Policía, Jalid Abu Bakar, era ejecutar ataques, secuestros y robos de armas para implantar en el país un sultanato similar al establecido por el Estado Islámico, Daesh en su acrónimo en árabe, en Siria e Irak. Desde febrero de 2012, las fuerzas de seguridad malayas han detenido a 92 personas por su vinculación con el EI. Oficialmente, al menos otras 40 han viajado a Oriente Medio para unirse al califato de Al Baghdadi, aunque algunos expertos creen que la cifra podría ser muy superior.

Durante su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo de Najib Razak ha defendido la aprobación de la POTA como una arma imprescindible para hacer frente a la amenaza yihadista. “El riesgo de que los tentáculos diabólicos del EI se extiendan a nuestra parte del mundo es muy real”, alertó este mismo mes el ministro de Exteriores malayo, Afinar Aman. Otros países, como Indonesia, han acentuado también sus medidas de vigilancia para frenar el avance terroristas tras los últimos atentados fallidos.

La oposición malaya recela de la agenda del Gobierno. El anuncio, en la víspera de la votación, de la desarticulación de una célula terrorista ha acrecentado sus sospechas. Los líderes del Partido de Justicia Popular (PJP), encabezado desde prisión por Anwar Ibrahim, temen que el Ejecutivo utilice la nueva legislación para extender la campaña de persecución contra los disidentes políticos. En lo que va de año, 36 personas han sido arrestadas y acusadas de sedición. La hija del propio Anwar, Nurul Izzah, fue detenida tras su discurso en el Parlamento exigiendo la liberación de su padre. Recientemente, cinco trabajadores de la web Malaysian Insider y un dibujante fueron también arrestados.

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