Australia y Camboya comercian con los refugiados del Pacífico

Treinta y cinco millones de dólares en 4 años por acoger en territorio camboyano a unos mil refugiados recluidos hasta ahora en los centros australianos de detención del Pacífico. Este fue el acuerdo que ambos países suscribieron el pasado mes de septiembre y que ahora comienza a hacerse efectivo pese a las críticas de las organizaciones de derechos humanos. En las próximas semanas un grupo de cuatro refugiados será trasladado a Camboya desde el polémico centro de Nauru.

“Australia está comerciando con la miseria humana mediante el envío de refugiados a Nauru y Manus, y ahora con su abandono en Camboya”, asegura Chris Breen, portavoz del Refugee Action Collective en Melbourne. La pequeña nación asiática, con un negro historial en su trato hacia los refugiados, se hará cargo de hasta un millar de exiliados en los próximos 4 años a cambio de un paquete de ayudas al desarrollo de 35 millones de dólares (40 millones de dólares australianos). “Es un negocio, ponen precio a un problema humanitario”, denuncia el activista Billy Chia-Lung desde la oficina de la Cambodian Human Rights Action Committee (CHRA) en el centro de Phonm Penh.

La primera remesa de refugiados, un iraní, un hombre de la minoría rohingya y una pareja, permanece en unas dependencias especiales en Nauru a la espera de ser trasladados a Camboya, un movimiento que podría realizarse en las próximas semanas. Allí, recibirán dinero “en efectivo y en una cuenta bancaria”, asistencia para encontrar empleo, acceso a la educación, clases de idiomas y seguro médico durante cuatro años, así como alojamiento gratuito durante tres meses y un subsidio para alquiler por al menos un año. Así se recoge un folleto que las autoridades australianas están distribuyendo por el centro de Nauru.

El documento, al que ha tenido acceso Refugee Action Collective, restringe estas ayudas a los primeros que se acojan al traslado, aclarando que los que lo hagan en el futuro contarán con un “paquete de asistencia diferente”. Esto forma parte de la estrategia del Gobierno australiano para “presionar a los refugiados” para que acepten su marcha a Camboya, afirma Breen.

En la firma del acuerdo del pasado septiembre se estipulaba que el realojo de los refugiados debía efectuarse con el consentimiento “voluntario” de los afectados. Hasta el momento, según los datos publicados por el diario The Guardian, sólo cuatro personas han aceptado el acuerdo. De hecho, el pasado día 17 alrededor de 200 refugiados recluidos en el campo de Anibare Lodge se manifestaron contra cualquier reubicación. “La protesta es un claro indicador de que lo que la gran mayoría en Nauru piensa sobre Camboya o cualquier otro destino”, subraya el portavoz de Refugee Action Coalition en la isla, Ian Rintoul.

Nauru, el bochorno de un país de inmigrantes

Apenas 10.000 personas residen en este pequeño atolón de playas paradisíacas en la Micronesia, controlado de facto por el Gobierno australiano. Un cuarto de su población, alrededor de 2.500 personas, son refugiados y solicitantes de asilo. Inmigrantes procedentes África, Oriente Medio y el sur de Asia que fueron interceptados cuando trataban de alcanzar las costas australianas. En los campos de Nauru, a unos 3.000 kilómetros al norte de Townsville, residen iraníes, paquistaníes, afganos, somalíes, sudaneses y uigures.

“Las condiciones de vida allí, tanto para los refugiados como para los que han sido liberados del centro de detención, son salvajes. Han sido abandonados en el medio de la jungla, lejos de cualquier otro habitante de la isla. Carecen de trabajo, de sistema de alcantarillado o de un basurero, por ejemplo. Habitualmente no tienen dinero siquiera para llamar a sus familias. Además, no están autorizados a viajar fuera de Nauru”, relata Breen en conversación por correo electrónico. En los últimos años, los refugiados han sido además las víctimas predilectas de las bandas de matones y mafiosos que operan en la isla. “Las protestas de los refugiados se han traducido en arrestos masivos de hasta 200 personas, incluidos menores, y amenazas de 3 años de cárcel si no cesaban en sus protestas”, añade el portavoz de Refugee Action Coalition.

Reportaje completo en Gaur8 de Gara