callereal-desplome-grua

El absurdo caso del número 3 de la calle Real

El 13 de noviembre de 2002, mientras el petrolero ‘Prestige’ permanecía escorado frente a las costas gallegas, una grúa de construcción se desplomó sobre un emblemático edifico de la calle Real de A Coruña, un accidente en el murieron dos ancianas. Ocho años después, todavía está sin fijar la fecha del juicio.

“Una justicia cuando es lenta se vuelve injusta”, indicó Juan Manuel Sánchez Quinzá-Torroja, integrante de una de la decena de familias quehan tenido que afrontar el coste de la reparación de un daño que no causaron, hasta el punto de que algunos han tenido incluso que vender propiedades sufragar los costes.

“Tener una casa en la calle Real no implica ser rico. A lo mejor es lo único que tienes”, dijo el abogado de gran parte de los afectados, Antonio Astray Chacón.

Él fue una de las primeras personas que accedió al inmueble tras el accidente registrado el mismo día en que el buque ‘Prestige’ comenzaba a derramar las 77.000 toneladas de fuel que llevaba apenas a 200 kilómetros de allí. El juicio por la catástrofe ecológica, social y económica más importante de Galicia también está pendiente de que se fije una fecha.

La pluma de la grúa se llevó el quinto piso

Cuando Astray Chacón se personó en el edificio, el número 3 de la calle Real de A Coruña, éste había desaparecido en su parte superior.

La pluma de la grúa había arrancado de cuajo el quinto piso, en el que vivían desde hace medio siglo las años dos ancianas, cuyos cuerpos sin vida fueron difícilmente reconocidos por los forenses.

Además, se habían visto afectados otros inmuebles de la calle, como el número 1 o el Teatro Rosalía de Castro, cuya cubierta albergaba algunos frescos de Urbano Lugrís que ya han podido ser reparados.

La grúa, propiedad de la empresa Talleres Hércules, había sido instalada para las obras en un edificio contiguo, el número 6 de la calle Real, a cargo de la firma Construcciones Fermira.

‘Negligencia’ según la Inspección de Trabajo

El informe del servicio de Inspección de Trabajo de 11 de marzo de 2003 no deja lugar a la duda sobre la negligencia en las causas del accidente.

“Los fuertes vientos racheados existentes en el momento del siniestro produjeron intensas vibraciones a la grúa, lo cual, unido a la falta de sujeción de los raíles a la base y la falta de arriestramento de la grúa, y al hecho de no estará en posición de veleta produce un desplazamiento de los raíles”, indica el texto.

Apunta que a consecuencia de ello uno de los raíles “se desmonta de la base produciendo un brusco abatimiento y desplome de la grúa en dirección sur” y concluye que para evitar la caída del edificio, los afectados tuvieron que pagar a una empresa 600 euros diarios para que apuntalara la estructura.

La ubicación del inmueble y su valor patrimonial -un edificio modernista construido a finales del siglo XIX y catalogado como patrimonio cultural- complicaron todavía más el proceso. “Fue difícil encontrar empresas que quisieran comenzar con la reconstrucción”, dijo Sánchez Quinzá-Torroja.

Además, la legislación obligaba a los afectados a comenzar en un plazo de seis meses la rehabilitación, bajo amenaza de expropiación. Los daños materiales superaron los 300.000 euros, un coste que los afectados tuvieron que afrontar con su propio patrimonio.

Proyecto de rehabilitación

El entonces vigente plan especial de protección y reforma interior de la denominada Ciudad vieja y de Pescadería, dos zonas de A Coruña de elevado interés histórico y patrimonial, dejó fuera de ordenación al edificio, lo que obligó a modificar su estructura, por lo que el proyecto de rehabilitación superó los 200.000 euros.

“Las aseguradores se están jugando mucho dinero, no sólo por el importante monto económico de los daños, sino también por los perjuicios sufridos e intereses moratorios devengados en el tiempo”, indicó el director del bufete Astray Chacón Abogados.

Talleres Hércules, Construcciones Fermida y Atisae -una empresa concesionaria de la Xunta que certificó que el montaje de la grúa era correcto con una altura autoestable de 35,1 metros, cuando el propio manual de montaje requería arriestramiento a partir de los 29 metros- están imputados en un proceso penal todavía en fase de instrucción.

Este artículo fue publicado en el diario El Mundo